Campaña Listas de Espera

Campaña Listas de Espera
Pincha para acceder a toda la INFO

domingo, 17 de junio de 2012

Manifestación: 23 de junio a las 19 horas en Zaragoza, en la Glorieta Sasera

Contra el rescate, en defensa de lo público, ni privatización ni mercantilización. derogación de los decretos antisociales.


Colectivos, movimientos y organizaciones zaragozanas se reúnen para preparar la movilización unitaria contra el rescate, la defensa de lo público , la derogación de los Decretos de educación, sanidad y reforma laboral y contra las privatizaciones y externalizaciones.

Como respuesta a una serie de medidas legislativas que tratan de eliminar los derechos fundamentales y todos los sistemas de protección social un grupo nutrido de organizaciones, movimientos, plataformas y colectivos hemos decidido coordinar nuestras reivindicaciones y, como primera medida, manifestarnos el próximo 23 de junio a las 19 horas en Zaragoza, en la Glorieta Sasera. Nuestro objetivo es derogar todas aquellas leyes y decretos que atenten contra el derecho básico de alcanzar una vida digna, desde el principio de la igualdad y la justicia.

Convocamos a la ciudadanía en este momento crítico en el que peligra el empleo, la educación y la sanidad. Mostramos nuestro rechazo ante la reciente intervención económica decretada por el Gobierno español.

Únete y participa en nuestra lucha.
Plataforma de trabajadorxs de las contratas del Ayuntamiento, Marea Verde Aragón-Asamblea de docentes por la educación pública, Asamblea Unizar, Asamblea Filosofía, Plataforma Contra la privatización de la sanidad de Aragón, Plataforma stop desahucios Zaragoza, Asambleas 15M, Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, Intersindical Aragón, CNT, CGT, SOA, ASSI, Avv Venecia- Montes de Torrero, AVV Torrero, Avv La Paz, Avv La Madalena Calle y Libertad, Avv Actur Puente Santiago, Avv “Los Caprichos” Parque Goya, Avv María Guerrero La Bozada, Avv Gaspar Torrente Santa Isabel, Avv Dos Ríos Movera, Avv Lanuza- Casco Viejo, Avv Las Fuentes, Red de Apoyo a sin papeles de Zaragoza, Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, CEPA, Consejo de la Juventud de Zaragoza, Asamblea de Trabajadorxs del Clínico, Ecologistas en Acción, UNIVERSIDAT - Estudiants independentistas y revolucionarios d'Aragón, PURNA, UJCE, Plataforma por la auditoría ciudadana de la deuda, Marea Roja, Izquierda Anticapitalista

Los Recortes en la Sanidad y sus consecuencias

miércoles, 13 de junio de 2012

El Gobierno plantea excluir educación y sanidad de las competencias municipales

Quiere que se centren en el resto, como urbanismo o asistencia social.
Las duplicidades se podrán recurrir al Tribunal Constitucional.
Las diputaciones se encargarán de los pueblos de menos de 20.000 vecinos.

El Gobierno propone que los ayuntamientos dejen de tener competencias en materia educativa y sanitaria y se centren en el resto de las que ya realizan, como el urbanismo, la asistencia social primaria o el abastecimiento de agua. Además, quiere que cumplan unos estándares de calidad y que cuando no los alcancen, los de menos de 20.000 habitantes cedan la competencia a las diputaciones.

Así figura en la propuesta de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Es un documento en el que han trabajado durante semanas un grupo de expertos reunidos por el Instituto Nacional de Administración Pública, que ha pedido la colaboración de la FEMP y de otras instituciones territoriales. El documento es la base además de la negociación abierta con el PSOE para acordar un proyecto de reforma común que el Ejecutivo quiere enviar al Parlamento en julio.


En el texto se propone una lista de competencias de los municipios (artículo 25) de la que desaparecen la participación en la gestión de la atención primaria sanitaria y la cooperación en la programación educativa, en la construcción y sostenimiento de centros de enseñanza y en el cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
Por lo demás, se respetan las competencias que la norma ya preveía, en catorce apartados: urbanismo, medio ambiente urbano, el agua y las aguas residuales, infraestructuras viarias, bienestar y asistencia social primaria; protección civil, policía local e incendios; tráfico, estacionamiento y transporte de viajeros y mercancías; promoción turística; ferias, abastos, mercados y lonjas; protección de consumidores; cementerios y actividades funerarias; promoción del deporte y padrón municipal. "Para evitar duplicidades administrativas", se dice en la iniciativa, se establecerá por ley "con precisión" el servicio o la actividad que le corresponde al municipio, "con estricta separación de las competencias estatales y autonómicas".

Correspondiente financiación

Además, se propone reformar el artículo 27 para que los ayuntamientos puedan ejercer alguna competencia delegada por otra administración, bien sea el Estado, la comunidad autónoma u otra entidad local. Sin embargo, esa delegación "habrá de ir acompañada necesariamente de la correspondiente financiación".

Cualquier delegación de competencias habrá de ir acompañada de financiación. En la misma línea de ajustar los servicios que en lo sucesivo van a prestar los municipios, la propuesta del Gobierno incluye la supresión del artículo 28 de la Ley de Bases. En él, se contemplaba que los ayuntamientos pudieran realizar "actividades complementarias de las propias de otras administraciones" en materias como educación, cultural, promoción de la mujer, vivienda, sanidad y protección del medio ambiente. Por otro lado, el texto elaborado por el Gobierno propone, aunque no lo ha incluido en el articulado provisional, añadir al artículo 13 la prohibición de que el municipio resultante de una segregación no pueda ser inferior a 20.000 habitantes.

Con todas estas incorporaciones, la reforma de esta ley pretende dejar claras cuáles son las competencias de los ayuntamientos y diferenciarlas de los servicios que deben prestar el Estado y las comunidades autónomas, de modo que los municipios no sean los que asuman determinados servicios que en realidad corresponden a otras administraciones públicas, lo que se conoce como "competencias impropias", un problema del que los ayuntamientos vienen pidiendo una solución desde hace años.

Así pues, el texto deja claro que cualquier delegación de competencias entre administraciones "habrá de ir acompañada necesariamente de la correspondiente financiación". Aunque este punto ya se incluye en la ley todavía en vigor, la propuesta de reforma hace hincapié en que "será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la administración delegante para cada ejercicio económico".
Cumplimiento de la estabilidad presupuestaria

Todos los artículos que hacen mención a la financiación de las entidades locales dejan claro que las actividades económicas de las mismas deben cumplir lo dispuesto en la recientemente aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria para cumplir los objetivos de déficit y endeudamiento.

Es más, el Gobierno propone reformar el artículo 25 para permitir la interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional "por vulneración de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera" en caso de que se incumpla la "estricta separación de las competencias estatales y autonómicas", es decir, que se produzcan duplicidades en la prestación de servicios.

Establecerán estándares de calidad para todos o algunos de los servicios previstos. Otra de las principales novedades que establece el texto de reforma propuesto por el Gobierno es, a la hora de fijar los recursos financieros de los que dispondrán los ayuntamientos para prestar los servicios públicos, un nuevo punto en el artículo 26 que fija, mediante decreto, el establecimiento de "estándares de calidad para todos o algunos de los servicios previstos".

Este mismo artículo 26 encomienda a las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares a hacerse cargo de todos aquellos servicios cuya prestación por parte de municipios de menos de 20.000 habitantes "no sea eficiente", bien por la naturaleza del servicio, bien por la población del mismo o de su sostenibilidad financiera.

Serán los ayuntamientos y la diputación los que acuerden el traspaso de instalaciones y personal y la diputación se encargará de la forma de gestión, aunque el texto también prevé que, de no llegar a un acuerdo, será la comunidad autónoma pertinente la que decidirá. En las comunidades uniprovinciales, el Gobierno regional será el que asuma la gestión de estos servicios.

Por todo ello, el resto de artículos de la ley que mencionan las diputaciones dejan claro en todo momento que esta administración debe asegurar la prestación en el territorio de los servicios de competencia municipal y, en su caso, "mediante la prestación común y obligatoria en los términos establecidos" en el artículo 26.
Suprimir o privatizar servicios

La propuesta de reforma incluye dos nuevas disposiciones transitorias, en las que se establece que los ayuntamientos tendrán un año a contar desde la entrada en vigor de la ley para hacer una evaluación de sus servicios y ajustarlos a los principios de sostenibilidad financiera y evitar duplicidades.

Si comprueban que no pueden asumir ciertos servicios, los ayuntamientos los podrán suprimir si éstos son facultativos y en caso de los obligatorios la corporación local podrá privatizarlos, siempre que no realice funciones públicas. Si la evaluación negativa afecta a servicios mínimos en municipios de menos de 20.000 habitantes, su prestación se encomendará a las diputaciones.



Publicado el 12 de junio de 2012 en 20minutos.es http://www.20minutos.es/noticia/1507755/0/gobierno/educacion-sanidad/competencias-municipales/

Sanidad cancela el aborto libre y gratuito para extranjeras ‘sin papeles’

  • Solo se financiarán las interrupciones por indicación médica
  • La medida se inscribe en el recorte de atención sanitaria a los inmigrantes irregulares

Tampoco el aborto se libra del recorte en la asistencia sanitaria a los extranjeros en situación irregular en España. Cuando entren en vigor las limitaciones, el 1 de septiembre, las inmigrantes sin papeles perderán el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma gratuita en las primeras 14 semanas (tal como establece la Ley de Salud Sexual y Reproductiva). Desde entonces, esas mujeres solo podrán acceder sin coste a esa prestación —ahora en la cartera básica que debe ofrecer la sanidad pública— cuando se deba a motivos terapéuticos, asegura una portavoz del Ministerio de Sanidad.

Así, las extranjeras en situación irregular solo podrán abortar sin coste económico para ellas “por malformación del feto o peligro para la salud de la madre”, concreta la portavoz. Cree que también podría seguir siendo gratuito cuando el embarazo sea fruto de violación. Lo que sí está decidido es que quede fuera de la financiación pública para las mujeres en situación irregular el aborto gratuito debido, en exclusiva, a la voluntad de la madre.

“Será una marcha atrás enorme”, asegura Isabel Serrano, portavoz de la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que aglutina a 135 organizaciones contrarias a la reforma restrictiva del aborto que plantea el Gobierno. La exclusión de las mujeres sin papeles del acceso al aborto libre y gratuito en las primeras 14 semanas las dejará al albur de “la beneficencia” y en riesgo de caer “en circuitos no seguros”, añade. También puede retrasar la práctica de la intervención, más peligrosa cuanto más avanza la gestación. El precio de un aborto en el primer trimestre de embarazo —cuando se practica la gran mayoría— se sitúa entre los 300 y los 350 euros, concreta Serrano.

Esa posibilidad de interrumpir la gestación sin aducir motivos en las primeras 14 semanas es, precisamente, una de las grandes novedades de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010. La sanidad pública quedaba obligada a financiar esta práctica (también hasta las 22 semanas si hay malformación del feto o riesgo para la madre; por encima de ese plazo, solo se practica si el feto sufre enfermedad grave o incompatible con la vida). El derecho para las extranjeras en situación irregular era igual que para las españolas, ya que las primeras tenían derecho a la sanidad pública por el hecho de empadronarse.

"Es un paso atrás", dice la plataforma contra el cambio de la ley de interrupción del embarzo

La restricción se enmarca en la reducción del gasto sanitario, anunciada el pasado abril. Esa reforma se lleva por delante el derecho a la asistencia gratuita de cualquier extranjero por estar empadronado en España. A partir del 1 de septiembre, será preciso tener la situación en regla y los ciudadanos sin papeles solo podrán acceder a la sanidad pública en caso de urgencia o embarazo (y probablemente en el caso de algunas enfermedades graves como cáncer o sida, pero el desarrollo normativo de esto sigue pendiente). Los niños recibirán atención hasta los 18 años. “El aborto es una urgencia y, también, un embarazo”, plantea Serrano. Alerta de que la decisión afectará a las mujeres que están en peor situación socioeconómica.

Con la limitación del acceso a la sanidad pública por parte de las personas en situación irregular, el Ministerio de Sanidad espera ahorrar al menos 500 millones de euros, según la ministra del ramo, Ana Mato. En esa cantidad figurará cierto pellizco de las interrupciones de gestación a extranjeras: son cuatro de cada diez mujeres que acuden a abortar —113.031 en total en 2010—, si bien se ignora cuántas estaban en situación irregular.

En Sanidad aseguran que la medida se toma al margen de la reforma sobre la práctica del aborto que prepara el Ministerio de Justicia. El departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón es partidario de limitar el derecho a la interrupción del embarazo. Por su parte, la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, dejó la puerta abierta a que en un futuro inmediato solo se costearan los abortos por criterio médico, según dejó entrever a comienzos del pasado mayo. Así, quedarían fuera la inmensa mayoría de estas intervenciones, al margen de la situación legal o la nacionalidad de las mujeres. Pero Justicia no ha dicho la última palabra: confía en tener hilvanada la reforma como pronto en otoño.

Para la plataforma, formada por organizaciones de mujeres, del ámbito sanitario, sindicatos y clínicas de aborto, la decisión de Sanidad apunta sobre cuáles podrían ser las líneas de la reforma “restrictiva” que quiere hacer el Gobierno.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/06/actualidad/1339004866_690377.html




Publicado el 12 de junio de 2012 por El Pais.

Teruel. Concentración y presentación de la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón

Viernes 15 de Junio

11:15 Concentración-performance en defensa de la sanidad pública y para tod@s. Consultas externas Hospital O. Polanco

19:30 Performance. Ambulatorio del Centro.

20:00 Presentación de la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad de Aragón. En salón de actos del edificio de sindicatos (Pza. Catedral).

 Organiza: Bloque Crítico (CGT, CNT, STEA-i, Ecologistas en Acción, Purna)


lunes, 11 de junio de 2012

Los trabajadores advierten que el cierre del laboratorio del Grande Covián afectará a la calidad

Trabajadores y sindicatos critican que la clausura de este y su traslado al Servet no reducirá costes y revertirá en una pérdida de cercanía con el paciente.

La decisión del Gobierno de Aragón de trasladar el laboratorio del centro de especialidades Grande Covián al hospital Miguel Servet ha despertado las críticas de los trabajadores y sindicatos del Sector Sanitario 1 de Zaragoza. Este movimiento ha sido justificado desde la DGA con el fin de ahorrar costes y evitar duplicidades, siempre con la salvaguarda de que la calidad no se verá afectada.

Sin embargo, desde la Junta de Personal y entre los propios trabajadores se advierte que la descentralización de este servicio repercutirá negativamente en la atención al paciente. En este sentido, los trabajadores argumentan que el tiempo de respuesta del Grande Covián permite alertar de situaciones de riesgo inmediato del enfermo. "Cuando la analítica muestra que la vida del paciente está en riesgo se avisa al médico para que inicie su tratamiento inmediato", explicaron fuentes de la Junta. Sin embargo, los trabajadores avisan que esta capacidad de reacción se reduce drásticamente con el traslado del laboratorio.

Actualmente, en el centro de especialidades de la Margen Izquierda los resultados de las pruebas de bioquímica se obtienen en el día y las de microbiología – que requieren de la realización de cultivos – se obtienen a las 48 horas. Precisamente, ambas pruebas junto con hematología se van a realizar a partir del últiimo trimestre del 2012 en el laboratorio del Miguel Servet (bioquímica y hematología) y en el del hospital Royo Villanova (microbiología).

Con esta centralización, el laboratorio del Servet se hará cargo de 600 analíticas que diariamente se derivarán del Grande Covián, además de las 700 que ya se mandan desde el centro de especialidades Ramón y Cajal. En total, el hospital asumirá diariamente 1.300 pruebas más, sin contar las realizadas en el propio centro y las analíticas de urgencia.

Esta cuantía supone, según los trabajadores y sindicatos, un riesgo para la seguridad del proceso y así se lo han hecho saber al gerente del sector I y II del Salud, Mario González. "Se le ha advertido sobre una posible avería en la maquinaria del laboratorio que paralizaría toda la cadena sanitaria", indicaron.

Un radical cambio en la política sanitaria

Esta situación resulta curiosa, precisamente en un sector de la ciudad donde el anterior Gobierno de Aragón, hasta hace menos de un año, tenía la idea de unificar en un laboratorio las pruebas de todo el Sector Sanitario 1 de Zaragoza formado por 13 centros de salud, incluidos los de la Margen Izquierda. Con esta propuesta se perseguía potenciar la cercanía con el paciente que, según los sindicatos y trabajadores, ahora se va a perder. "Tienen la intención de que el Servet asuma el 70% del trabajo del sector 1 de Zaragoza. Es decir, todo lo contrario a lo que se planteó con la ley de 1986 para acercar la atención sanitaria al paciente", lamentaron.

En estos momentos, los usuarios de la Margen Izquierda acuden a su centro de salud para realizar las extracciones y estas muestras son analizadas en la misma mañana en el Grande Covián. "En el Servet los resultados no estarían hasta por la tarde y en ese momento ya no se puede avisar al médico del centro para una urgencia", precisaron.

En este sentido, la Junta de Personal alertó además de que los usuarios de esta zona de la ciudad se van a encontrar con una "pérdida de calidad en el servicio clarísima", cuando las consultas de las distintas especialidades estén dispersas en el hospital Provincial y el Royo Villanova. "En unos meses también van a trasladar traumatología al Royo y la falta de un centro de referencia es un síndrome de pérdida de calidad", entendieron.

Estas decisiones han dado un rocambolesco cambio a la política sanitaria del sector 1 de Zaragoza, ya que, como los colectivos vecinales indican, el Gobierno de Aragón tenía prevista la construcción de otro centro de especialidades en el Actur. De hecho, el solar para el centro médico, situado entre las avenidas de María Zambrano y Gómez de Avellaneda, sigue luciendo el cartel "terreno para la construcción de nuevo centro de especialidades".

Dudas sobre el servicio

El traslado del laboratorio también ha alertado a los sindicatos a la hora de de exigir que el servicio cumpla con todos los requisitos necesarios. La primera duda que asalta a los trabajadores es si el laboratorio del Servet tendrá la capacidad de garantizar el tiempo máximo permitido para el traslado de las muestras. Actualmente, las extracciones deben tardar menos de dos horas desde que salen del centro de salud hasta que llegan al centro de especialidades. "En el Grande Covián llegamos justos porque las muestras empiezan a llegar a las 9.45 y tienen que estar antes de las tres de la tarde. No sé si en el Servet van a poder garantizar esos tiempos", dudaron.

Las críticas a este traslado también llegaron desde el propio hospital Miguel Servet donde señalaron que este laboratorio, cuando lleguen las derivaciones, puede no cumplir con la ley de prevención de riesgos laborales. Esta advertencia la realizaron al comprobar que es muy probable que en el laboratorio no se cumplan los espacios mínimos requeridos para el desempeño del trabajo, que son de 10 metros cúbicos libres por trabajador. Además, también indicaron que, en estos momentos, el personal está trabajando con temperaturas que están por encima de lo permitido. 

Publicado en 10 de junio 2012 en Heraldo.es http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2012/06/09/los_trabajadores_advierten_que_cierre_del_laborato

domingo, 10 de junio de 2012

El consejero R.Oliván, una vez más, tira balones fuera

 Con relación a las declaraciones, del pasado 5 de junio, del Sr. Olivan para “hacer viable el sistema que esta fuera de control”, desde la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad, creemos necesario hacer algunas precisiones:
  • El Sr. Oliván debería saber que el principal problema de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) es su baja financiación, de hecho estamos a la cola de Europa en inversión sanitaria.
  • El Sr.Oliván debería saber que el número de trabajadores en el campo de la Sanidad Pública está muy por debajo de lo que nos correspondería según criterios europeos.
  • También debería saber que la financiación de la Atención Primaria, la joya de nuestro SNS, es menos del 50% de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
  • Y sobre todo debería saber que con los recortes que nos propone, nuestra Sanidad Pública se va a empobrecer, va a empeorar su calidad y nos vamos a alejar de Europa en inversión sanitaria. Por cierto, ¿cuantas vueltas de tuerca nos van a aplicar para tapar el agujero de Bankia?


No obstante podríamos estar de acuerdo con el Sr. Oliván en que el sistema debería ser mejorado en su estructura y gestión, aunque nos tememos que en los caminos de solución no vamos a coincidir. Mucho se podría hablar de esto, pero puesto que tenemos que ser breves, solo diremos que las ineficiencias del sistema se han producido a la sombra de gestores que realmente no creían en la Sanidad Pública. Como es bien conocido, un sistema nunca funcionará bien si sus gestores no creen en él. ¿Cree el Sr. Olivan en la Sanidad Publica? A la vista de sus medidas y las de sus compañeros de partido en otras Comunidades, tenemos fundadas razones para sospechar que no.
  
De sus declaraciones podemos deducir que es su deseo poner el sistema bajo control: ¿bajo control de quien?, porque mucho nos tememos que quiera seguir los pasos de su “parentela” de Madrid y Valencia y ponernos bajo “el control” de grandes grupos privados, con los resultados ya conocidos de incremento del gasto y deterioro de la calidad asistencial.

   Finalmente quisiéremos recordarle algunos aspectos de nuestra realidad que sí están fuera de control y que parecen no preocuparles: nuestro Sistema Fiscal, cada vez más injusto y desestructurado; las altas cotas de economía opaca; los escandalosos niveles de fraude y elusión fiscal entre los ricos y muy ricos. Esto es tanto más preocupante en cuanto que si esto se redujese a la mitad, no serían necesarios ningún tipo de recortes, ni en sanidad ni en ningún otro tipo de Servicio Público.

   Estas precisiones hacen referencia a cuestiones fundamentales a las que Uds. nunca se refieren. Se limitan a declaraciones dudosas y ambiguas que añaden más confusión, tratando de que los ciudadanos miremos hacia otro lado.

Creación de una Red Europea por el Derecho a la Salud y contra la mercantilización de la sanidad

Los pasados 12 y 13 de mayo  tuvo lugar en Nanterre (París) la Conferencia Europea en Defensa de los Sistemas Públicos de Salud,  en la que se decidió crear una Red Europea por el Derecho a la Salud y contra la mercantilización de la Sanidad. La conferencia reunió a sindicatos y asociaciones anti privatización de 10 países europeos (Alemania, Bélgica, Estado español, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Polonia y Eslovaquia).

Las organizaciones asistentes denunciaron que de forma simultánea en toda Europa, independientemente del partido que gobierne, desde hace años se esta llevando a cabo un proceso de desmantelamiento y privatización de los sistemas de protección social, que en estos momentos, con el pretexto de la crisis, se está acelerando. Al mismo tiempo, se introducen tasas y otras penalizaciones a los enfermos, se cierran centros públicos, se excluye de la asistencia integral a los inmigrantes, se traspasan a empresas privadas las actividades y procesos rentables, mientras se desprestigia a los empleados públicos y se deterioran sus condiciones de trabajo, con el consiguiente deterioro de la asistencia sanitaria.

En varios países se están desarrollando movilizaciones que involucran a usuarios y profesionales, así como a diferentes movimientos sociales y sindicatos alternativos.

En la declaración final, consensuada por todas las organizaciones, se hace un llamamiento a la coordinación europea para poner en marcha movilizaciones que puedan contrarrestar esta evolución. Un primer paso es la presentación pública, en los distintos países participantes, de la Declacración final de la conferencia internacional de Nanterre (documento adjunto), en los distintos países participante y la organización, en cada país, de una semana de acción europea por el derecho a la salud de los pueblos y en contra el desmantelamiento de los servicios públicos de salud y la mercantilización de la salud, del 1 al 7 de octubre de 2012.

Los asistentes a la Conferencia, conscientes de que la lucha en favor de un sistema de salud público y de protección social universal concierne a toda la sociedad, hacemos un llamamiento a la necesaria coordinación entre población general, profesionales de la salud, grupos anti privatización y de defensa de la salud pública.

Leer Declaración completa

Oliván justifica la retirada de tarjetas sanitarias a los inmigrantes por la normativa de la UE


La DGA ha retirado 15.000 tarjetas sanitarias a ciudadanos extranjeros en situación irregular.

El consejero de Salud del gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, ha justificado la retirada de 15.000 tarjetas sanitarias a ciudadanos extranjeros en situación irregular en la exigencia de trasponer una directiva europea que así lo marca.

El consejero ha dicho que en España se están dando tarjetas sanitarias a los inmigrantes "por el simple hecho de estar empadronados", pero después éstos pueden desplazarse por todos los países de la Unión Europea y ser atendido en países en los que los inmigrantes irregulares no tienen derecho a la asistencia.

Atención a embarazadas y menores
En cualquier caso, en respuesta a una pregunta formulada por la diputada de IU Patricia Luquín en el pleno de las Cortes, no se les deja sin asistencia sanitaria, sino que se les presta la básica, es decir, la urgente hasta que reciben el alta, la atención del embarazo, parto y posparto, y atención integral a los menores de 18 años.

Esta decisión, censurada ya por muchas organizaciones según Luquín, estigmatiza a los extranjeros y rompe el principio de universalidad, y equipara injustamente a los inmigrantes con los europeos que viajan a España dentro del llamado "turismo sanitario".

Publicado en Heraldo.es el 8 de junio de 2012

lunes, 4 de junio de 2012

Charla informativa

Los Recortes en Sanidad y sus consecuencias 

a cargo de la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad

Monzón, Huesca
Auditorio Labordeta, Junto a la Escuela de Música
Viernes, 8 de Junio, 19.30h
Convoca: Asamblea Obrera y Popular de Monzón



No esperes a perderlo todo.
 
Echemos atrás las reformas.
 
Luchando, si sé puede

Sanidad ordena que se cobren los servicios de forma inmediata a los pacientes sin tarjeta SIP

La Agencia Valenciana de Salud remite nuevas instrucciones a los departamentos sanitarios para recordar los trámites a seguir y cobrar la asistencia a cualquier usuario que no pueda acreditar su condición de asegurado.

La sanidad pública es universal pero no gratuita para todos. Y menos con los tiempos que corren. La Conselleria de Sanidad está dispuesta a cobrar la atención sanitaria a todo aquel ciudadano que no pueda acreditar estar en posesión de la tarjeta sanitaria SIP o de cualquier otro documento autonómico o europeo o formulario vigente que le haga valedor de este servicio.Y para ello, la Agencia Valenciana de la Salud ha remitido a los 18 departamentos de salud de la Comunidad Valenciana-hay otros cinco en régimen de concesión administrativa- nuevas instrucciones sobre el "Servicio cargos a terceros" para presionar a los empleados y reclamar el pago de la asistencia a pacientes privados, ya sean inmigrantes o nacionales.La conselleria ha ordenado que la nota, emitida bajo el epígrafe: "Facturación-Importante", se exponga a la vista de los usuarios junto la tabla de tarifas que se envió a los hospitales y centros a primeros de año.Los gestores sanitarios han exigido que todas las actividades sanitarias queden registradas en el programa informático Abucasis y que al paciente que acuda con su SIP, se le solicite que acredite documentalmente su identidad y su derecho a acceder a la asistencia sanitaria por la red públicadel SNS.El usuario que no aporte esta documentación será clasificado como "privado" dentro del grupo de los de: "Sin cobertura y privados", para reclamarle el coste de la asistencia sanitaria que reciba.El beneficiario tendrá que firmar el parte de asistencia que expide autmáticamente el programa Abucasis y enviarlo al Servicio de cargos a terceros del hospital donde haya sido atendido para que se le facture.Circunstancias que excluyenLa circular interna enfatiza que al enfermo que acceda como "usuario privado" se le debe entregar y exigir el pago inmediato del servicio ya que, la conselleria advierte que, al carecer de documento de identidad, "el cobro posterior puede resultar infructuoso".La circular con las instrucciones se ha remitido a los trabajadores responsables de la acreditación de la tarjeta SIP (Sistema de Información Poblacional) y al departamento de facturación.La conselleria precisa que quedarán excluidos del pago los que estén acreditados en el sistema SIP como"expediente en estudio" o "derivado a trabajador social".La norma afecta sobre todo a los inmigrantes sin papeles y a cualquier persona que se haya quedado fuera del sistema, al no poder actualizar su tarjeta SIP.En la nota informativa dirigida a los usuarios, que se colgará en los hospitales y centros de salud, se especifica cuales son los documentos que permiten acceder a las prestaciones públicas sanitarias de forma gratuita.Además de la tarjeta SIP, son la tarjeta sanitaria individual de otra autonomía, el documento acreditativo del derecho a la asistencia sanitaria expedido por el INSS, los documentos de Muface, Mugeju o Isfas, la tarjeta sanitaria europea o el certificado provisional sustitutorio (para paises de la UE o del Espacio Económico Europeo) vigentes, los formularios actualizados E106/E120 o S1 cuñados por el INSS, el formulario vigente de derecho de la asistencia sanitaria derivada del convenio bilateral suscrito con España y cualquier otro documento como el E112/S2 o el 123/DA1 vigentes.Por otra parte, la Conselleria de Sanidad declaró ayer que la Comunidad Valenciana es la que mejor identifica y factura a los pacientes privados y que la circular que se acaba de remitir ahora es una "instrucción de carácter rutinario" y un "mero recordatorio" de órdenes que ya estaban vigentes. Las mismas fuentes observaron que las tarifas son las que están vigentes en la facturación intercerntros.