La ley de autoridad de profesionales del sistema sanitario y de servicios sociales públicos de Aragón continúa su tramitación parlamentaria tras el rechazo hoy por PP y PAR de las enmiendas a la totalidad presentadas por CHA e IU, que sí ha apoyado el PSOE.
El objetivo de la ley es que estos profesionales puedan desempeñar su trabajo en las mejores condiciones posibles y que gocen, según ha explicado en el pleno de las Cortes de Aragón el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, de la presunción de veracidad.
Oliván ha asegurado que la ley "no va contra nadie" sino a favor de los profesionales de la sanidad y los servicios sociales, y por tanto de los pacientes y usuarios, y ha hecho hincapié en que no se trata de algo "improvisado", sino del cumplimiento de un compromiso electoral del PP recogiendo una amplia demanda de los profesionales.
Con esta iniciativa, todos los directores y subdirectores de centros y servicios del sistema público sanitario o social, además de médicos, farmacéuticos, veterinarios, psicólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores, trabajadores sociales, pedagogos, educadores, personal de gestión y servicios gozarán de la presunción de veracidad en sus informes y declaraciones, así como de la protección reconocida en el ordenamiento jurídico.
El objetivo de la ley es que estos profesionales puedan desempeñar su trabajo en las mejores condiciones posibles y que gocen, según ha explicado en el pleno de las Cortes de Aragón el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, de la presunción de veracidad.
Oliván ha asegurado que la ley "no va contra nadie" sino a favor de los profesionales de la sanidad y los servicios sociales, y por tanto de los pacientes y usuarios, y ha hecho hincapié en que no se trata de algo "improvisado", sino del cumplimiento de un compromiso electoral del PP recogiendo una amplia demanda de los profesionales.
Con esta iniciativa, todos los directores y subdirectores de centros y servicios del sistema público sanitario o social, además de médicos, farmacéuticos, veterinarios, psicólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores, trabajadores sociales, pedagogos, educadores, personal de gestión y servicios gozarán de la presunción de veracidad en sus informes y declaraciones, así como de la protección reconocida en el ordenamiento jurídico.
Sin embargo, la portavoz de CHA, Nieves Ibeas, ha opinado que el mero reconocimiento de estos profesionales como autoridad supone "ignorar deliberadamente" las carencias de estos servicios y puede conllevar la existencia de nuevos problemas derivados de la judicialización de la relación entre los profesionales y los ciudadanos.
Ha criticado que no exista un informe real en relación con la proliferación de las agresiones que sufren estos profesionales que justifique la oportunidad de esta norma.
Una norma que a su juicio realiza un análisis "absolutamente sesgado de la realidad" frente a la preocupante situación de la sanidad y los servicios sociales, el abandono de los servicios públicos, la falta de inversión, los recortes de personal y el cierre de recursos asistenciales.
Para Ibeas, el Gobierno ha remitido a la cámara un proyecto de ley sin afrontar los problemas reales "de fondo y de superficie" que tienen el sistema de sanidad y los servicios sociales como si todo fuera una mera cuestión de autoridad.
Patricia Luquin, de IU, ha reprochado al consejero que éste sea el único compromiso electoral que va a cumplir y ha considerado que esta ley es un "sarcasmo" .
Ya que Oliván, ha dicho, es quien duda de la profesionalidad de los trabajadores del sistema público sanitario y de los servicios sociales, que lo que necesitan es que el consejero crea en ellos, más recursos y medios, menos recortes y que sus condiciones labores sean más propicias para atender a los usuarios.
Para Luquin, es una "tomadura de pelo" que sea la primera ley que Oliván ha presentado en el parlamento cuando está haciendo "un ataque sin precedentes" a la sanidad y a los servicios sociales públicos.
Eduardo Alonso, del PSOE, ha opinado que la tramitación de esta ley no es ni prioritaria ni oportuna dada la gestión del Gobierno de Aragón en dos años por los recortes, el descontrol en las listas de espera y el ambiente que ha creado de desconfianza entre los profesionales a los que "han acusado de peseteros y de trileros".
Y todo eso, ha dicho, ha contribuido a un incremento de la tensión en la relación de profesionales y usuarios.
Para Alonso, no es de recibo que, después de dos años "fastidiando" a estos profesionales, el Gobierno pretenda "congraciarse" con ellos cuando estos colectivos están defiendo la sanidad y los servicios sociales en la calle, si bien ha mostrado la voluntad del PSOE en mejorar el texto de la ley.
Por el contrario, Carmen Susín, del PP, ha justificado la necesidad de la norma refiriéndose al informe que publica anualmente el observatorio nacional de agresiones de la organización médica colegial, que en el de 2012 reflejaba 416 agresiones al personal sanitario en España, un 18 por ciento con lesiones.
Ha insistido en que pretende reforzar la autoridad de los profesionales en la toma de decisiones y en que busca su protección para conseguir una "total libertad" en el ejercicio de sus funciones, sin estar sometidos "a ningún tipo de amenaza ni menosprecio por parte de los ciudadanos".
Manuel Blasco, del PAR, ha rechazado que se confronte la necesidad de mantener los servicios sanitarios y de acción social con la protección de los profesionales, porque ambas cosas son "perfectamente compatibles".
Y ha opinado que tener una ley que tiene como objeto reconocer y reforzar la autoridad de estos profesionales no es contrario "para nada" al derecho a la protección de la salud y el derecho de acceso a los servicios sociales.
Ha subrayado que al PAR le gustaría que esta ley fuera innecesaria, pero la experiencia y los profesionales piden tener una normativa sobre la que trabajar con dignidad, seguridad y profesionalidad, sin estar sujetos a ningún tipo de presión.
