miércoles, 30 de julio de 2014

NO a la privatización del Hospital de Alcañiz

El pasado viernes 25 de julio, finalizaba el plazo de entrega de las alegaciones al “Estudio de viabilidad económico – financiero” para la construcción del futuro hospital de Alcañiz. Es por ello, que la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos del Bajo Aragón se concentraba, frente al Servicio Aragonés de Salud, para  hacer entrega de las casi 11.000 alegaciones recopiladas.


Las organizaciones sindicales y colectivos sociales abajo firmantes, también queremos mostrar nuestro rechazo a la privatización del hospital de Alcañiz, por los motivos que a continuación se exponen:


¿Qué modelo de hospital quieren abrir en Alcañiz?

El modelo elegido por el Gobierno de Aragón, es el denominado “concesión de obra publica” (PFI). Que el nombre no nos lleve a engaño, en este tipo de hospitales, lo único público es el dinero. La propiedad del hospital, la gestión y los beneficios son privados

El sistema para abrir este tipo de hospital consiste en:

-          Regalar suelo público a un grupo de empresas privadas (generalmente bancos y constructoras, los mismos que provocaron la burbuja inmobiliaria), para que construyan el hospital.

-          El grupo de empresas busca financiación en los bancos (a tasas de interés más altas que si la pidiera el sector publico), construye el centro y a continuación lo explota durante décadas.

-          Los servicios “no sanitarios” son privatizados y dejan de depender de la Administración (limpiezas, esterilización, administración…..), mientras que en una primera fase el personal médico y sanitario no facultativo continúan dependiendo de la Administración (en una fase posterior, como ocurre en estos momentos en Madrid, se procede a privatizar también la “parte sanitaria”).

-          La Administración paga un canon (un alquiler que se verá incrementado anualmente) por utilizar el centro. La edificación del centro, programada para 2015, supondrá un coste público inicial de 96 millones de euros. Sin embargo, esta cantidad se verá incrementada por el canon que el gobierno de Aragón deberá pagar (anualmente) a estas empresas hasta 2042. Por lo que se prevé que el gasto total del proyecto ascendería a 561 millones de euros.


El gasto público en los modelos PFI, aunque no computan como deuda pública, se traslada al gasto corriente, por lo que supone una carga económica que la seguirán arrastrando las generaciones futuras.


¿Qué consecuencias tendrá para la población?

Existe suficiente experiencia, tanto en el estado español (Madrid, Valencia, Baleares, Catalunya…) como en otros países (Inglaterra, Canadá…) que demuestra que los hospitales con ánimo de lucro:

-          Son hasta 7 veces más caros que si se construyeran de la forma tradicional. La próxima generación continuara pagando el hospital.
-
-          Tienen mayores tasas de mortalidad que los públicos (2% en adultos, 8% en crónicos y 9,5% en recién nacidos).
-
-          Evitan atender los procesos y pacientes complicados o “no rentables”, que serán derivados a los públicos.
-
-          Tienen más riesgos para los pacientes ya que su objetivo prioritario es repartir beneficios entre los accionistas y,
-para conseguirlos, reducen trabajadores (menos médicos y personal de enfermería que los públicos) y disminuye la calidad asistencial a los pacientes


Por todo ello, exigimos al Gobierno de Aragón la inmediata paralización de éste proyecto de privatización, el cual supondrá una enorme deuda económica para la ciudadanía y un paso de gigante hacia degradación de los servicios públicos.


Intersindical  de Aragón
CNT
CGT
ASSI
SEIRA
CEPA
PCPE
Stop Desahucios
Derechos Civiles
Movimiento Pensionistas Jubilados Indignados
Comité de Solidaridad Internacionalista
Asoc. Cultural “El Cantero” de Torrero
Asoc. Cultural “Radio la Granja
Asoc. Utebo Solidario
FABZ
AVV Venecia Montes de Torrero
AVV La Madela, Calle y Libertad
AVV San José
AVV Jerónima Zaporta


viernes, 18 de julio de 2014

Premio a la desmantelación y privatización de la sanidad pública en Aragón


      Con estupor leemos la noticia aparecida en los medios de comunicación de la concesión al Señor Oliván del premio al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia “más relevante” otorgada por una editorial médica.

        Los criterios que ha debido tener “Sanitaria 2000” para dar dicha prebenda, debe ser que los recortes y privatizaciones puntúan positivamente. Creemos que para darle este reconocimiento habrán tenido en cuenta, la multiplicación por cuatro de las listas de espera, el gasto excesivo que ocasionará el futuro hospital de gestión privada de Alcañiz, la masificación durante largos períodos de tiempo de las urgencias, el intento de centralizar salud mental, el desmantelamiento CME Pablo Remacha y del CME Grande Covían mediante el cierre de especialidades y la reducción de sus  horarios. El CME Grande Covían permanecerá cerrado estos dos meses en horario de tarde. El recorte de personal  y de medios en nuestra sanidad, la privatización encubierta mediante el desvío de las operaciones más rentables a la privada, mientras se cierran plantas y quirofános en horario de tarde en la sanidad pública, el desmantelamiento de la Atención Primaria, prueba de ello es el cierre del Punto de Atención Continuada de Sagasta. La exclusión de más de doce mil personas que residen en nuestra comunidad al Sistema Nacional de Salud, el establecimiento de copagos. El cierre en el Hospital Royo Villanova de 30 camas, a la espera de que  la semana que viene se cierren  otras 30 camas más pertenecientes a tramumatología.  Y los incesables intentos de implantar nuevas fórmulas mercantilizadoras como el área única y las unidades de gestión clínica.

    Su equipo de gobierno y los responsables nombrados en el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón tampoco se quedán atrás. Es el caso de el Ángel Sanz Barea, este “nuevo” responsable sobre el que habría que verter chorros de tinta para poder escribir todos los desmanes cometidos en la sanidad Navarra por los que tuvo que dimitir meses atrás. Uno de los más visibles ejemplos es aquellas fotos de los comistrajos que servían en un hospital de Navarra después de haber privatizado las cocinas.

     Volviendo a la entrega de dicho premio, leemos que tuvo lugar en “La cena de verano de la sanidad española”, un condumio que, con la que está cayendo se celebra sin ningún tipo de pudor y en la que seguro no se reparo en gastos (con lo bien que hubiese venido ese dinero para pagar la sustitución de algún profesional en verano y sobre todo en la zona rural) .

     Este premio no es un hecho aislado. Responde a una estrategia de lavado de imagen, y apoyo al desmantelamiento de lo público perpetrada desde hace años por los gobiernos de turno y sus cómplices, grandes empresas, bancos, industria farmacéutica y medios de comunicación. Estos gobiernos privatizan lo público para enriquecen a grandes empresas que luego les recompensarán con puestos en sus consejos de administración.

    Desde la Plataforma contra la privatización de la sanidad exigimos la derogación de la ley 15/97 que permite la privatización de la sanidad, la derogación del RD 16/2012 y vuelta a manos públicas de todo lo privatizado. Porque la privatización mata, fuera las empresas de la sanidad. Por una sanidad de tod@s, para tod@s y entre tod@s.


 

miércoles, 16 de julio de 2014

4. Por un sistema sanitario verdaderamente democrático: PARTICIPACIÓN REAL DE LA POBLACIÓN EN SU GESTIÓN

                    #PrivatizarMata


El sistema sanitario público es opaco y con grandes ejemplos de corrupción. Antiguos gestores públicos acaban colocados en empresas privadas que luego se lucran con la sanidad pública, en lo que se ha llamado “sistema de puertas giratorias”.
Cuanto mayor es el grado de privatización, mayores son los casos de corrupción por mucho que los políticos voten ocultarla, como ha ocurrido recientemente en Catalunya.

En definitiva, políticos y empresarios se lucran de los presupuestos sanitarios y convierten la salud en un negocio en lugar de en un derecho.

En gran medida esto se produce porque no existen mecanismos legales que permitan a la población -que es quién financia la sanidad con sus impuestos- participar en la gestión o en el control del sistema sanitario (la Ley General de Sanidad de 1986 no estableció sistemas reales de participación de la población en el funcionamiento de los centros, ni siquiera de acceso a la información).

De esta forma, durante años, políticos de todos los colores han ocultado desde los datos de calidad del sistema (mortalidad, morbilidad, reingresos, infecciones, …), hasta como se gasta nuestro dinero; todo ello para que la población no pueda exigir responsabilidades, ni tenga conciencia de lo que está ocurriendo con nuestra sanidad. Incluso, el propio Tribunal de Cuentas, controlado por los propios partidos políticos, ha tenido que reconocer graves irregularidades en el gasto sanitario1.

lunes, 14 de julio de 2014

Otra persona migrante muere por exclusión sanitaria ¿Por qué está muerta Jeanneth?


Una mujer sin tarjeta sanitaria muere debido al apartheid sanitario en el Hospital de Toledo sin haber recibido atención médica. Publicamos la carta de denuncia difundida hoy por la campaña Yo sí Sanidad Universal. 

Comenzaba la primavera, cumplía Jeanneth treinta años y lo celebraron todos juntos comiendo en el campo, que estaba hermoso el 26 de abril de 2014.

Jeanneth trabajaba interna cuidando a un señor que ya no se vale por sí mismo. El hombre y su familia, igual que Jeanneth, estaban contentos con el trabajo.

Hace tres años Jeanneth hizo las maletas y vino a la ciudad para trabajarse un futuro mejor, con el que no podía contar en su ciudad.

Los fines de semana y las vacaciones, como esta semana santa, Jeanneth pasaba todo el tiempo con los amigos. Este año se preocuparon, Jeanneth no se encontraba bien, vomitó, estaba cansada, le dolía la cabeza, no dormía y tenía las piernas hinchadas.

La caravana informativa de la sanidad pública ¡LLega a Azuara! #CaravanaSanitaria

La caravana informativa de la sanidad pública aterrizará este viernes 18 de julio en Azuara.

Esta caravana seguirá recorriendo los pueblos afectados por la velada desmantelación del CME Pablo Remacha durante los próximos meses.

Si vives en uno de estos pueblos y quieres contactar con nosotras para coordinar una parada y charla de la caravana informativa de la Sanidad Pública envía un correo electrónico a plataformasanidadaragon@gmail.com

¡Gracias!

¡Sanidad para tod@s, de tod@s y entre tod@s!

¡Por una sanidad pública sin exclusión!

Manifiesto sobre el cierre de urgencias de Sagasta

Queremos expresar nuestro rechazo al cierre del Servicio de Urgencias de Atención Primaria ubicado en el Centro de Salud Muñoz Fernández (C.S. Sagasta) de Zaragoza en lo que viene a ser otro ataque más a la Sanidad Pública y a la Atención Primaria.

De nuevo con la excusa del ahorro y la eficiencia se quiere cerrar un servicio que precisamente se creó para ahorrar por dar una atención más eficiente y de calidad para aquellas urgencias que se pueden atender desde la Atención Primaria (AP).

Al crear este servicio, se buscó responsabilizar a los usuarios del empleo de servicios de Atención Primaria en aquellas urgencias que puedan evitar saturar nuestros hospitales. Al ciudadano, que se ha responsabilizado en emplear adecuadamente los servicios del SALUD, ahora se le quiere enviar un mensaje diferente, trasladando la atención de procesos que se pueden atender desde la Atención Primaria (más barata y de cercanía) a un centro hospitalario. En nuestros hospitales se da asistencia de calidad, pero no pueden asumir más urgencias sin aumentar los tiempos de espera y sin hacer un gasto económico mayor, debido a los protocolos que se siguen en ámbito hospitalario con mayor realización de pruebas, no siempre necesarias.

 Es difícil averiguar cuáles son las intenciones de la Consejería cuando se pretende eliminar un servicio que funciona, pues atiende más de 8.000 pacientes al año en el turno de noche con la dotación de un celador/a, un enfermero/a y un médico/a. Servicio que además de amortiguar la posible saturación de las urgencias hospitalarias, ha paliado el efecto del cierre de consultas de Atención Primaria en periodos vacacionales como las fiestas navideñas, Semana Santa, puentes y otras festividades. No debe olvidarse que paulatinamente se ha reducido el personal contratado para sustituciones en Atención Primaria, lo que ha derivado en un aumento de las listas de espera de hasta una semana en los centros de salud. Esta situación hace que buena parte de los procesos que no pueden esperar, sin ser una urgencia, también hayan recalado en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria que ahora se pretende cerrar.



Nunca antes más de 4.600 aragoneses habían llevado esperando más de seis meses a ser operados. Esta cifra histórica es el gran punto rojo del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, como ha reconocido en numerosas ocasiones el propio consejero, Ricardo Oliván y el factor que más ha castigado a su departamento en el último año.

De hecho, desde el último debate sobre el estado de la comunidad, la lista de espera quirúrgica se ha disparado en Aragón un 60%. En junio del 2013 eran 2.923 las personas que llevaban más de seis meses esperando a pasar por el quirófano; ahora, la cifra se eleva a 4.683 pacientes, según los datos que, después de un año de silencio, hizo públicos la Administración.

El registro récord ha obligado a destinar 11,7 millones de euros a un plan de choque integral después de que otros, puestos en marcha en los dos últimos años, no hayan surtido el efecto deseado. De aquí a fin de año, se han planificado 9.260 operaciones extra en los hospitales públicos aragoneses.

DEBERES Sin duda, Sanidad es el departamento con más tareas pendientes. Por ejemplo, la presidenta del Ejecutivo dio por hecha la integración del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (CASAR), algo que aún no se ha llevado a cabo. De hecho, el propio Oliván ha reconocido "dificultades" en este sentido.

En cuanto a los centros sanitarios, Rudi anunció inversiones y se ha procedido la apertura del Puerta del Carmen, que acoge a los usuarios del antiguo consultorio de Hermanos Ibarra. Pese a las protestas iniciales, la satisfacción parece presidir el traslado.
Sin embargo, las críticas sobre la política sanitaria del departamento se han extendido. Vecinos, sindicatos y colectivos han censurado, en estos últimos doce meses, la supresión de servicios en centros como el Grande Covián o el ambulatorio Pablo Remacha, entre otros. Precisamente, uno de los episodios más polémicos del último año tuvo lugar en la madrugada del 18 de octubre, cuando dos ingenieros del Salud accedieron al centro de especialidades para trasladar dos ecógrafos al Servet. La Administración no contempló las numerosas protestas. 

El cierre del Punto de Atención Continuada (PAC) de Sagasta, que se trasladará, a partir de agosto, al hospital Provincial ha sido el último movimiento que ha afectado a un centro aragonés. La medida persigue potenciar el centro hospitalario y, según el Salud, contribuir a descongestionar las Urgencias del Servet, que, este año, han vuelto a protagonizar numerosos capítulos de colapso ante las quejas de pacientes y sanitarios.

¿Quiénes son los responsables de la gestión en el consorcio CASAR y de la generación de los 17 millones de euros de DEUDA que nos han dejado?


El Gobierno de Aragón pretende cerrar el Consorcio y que la deuda generada por su mala gestión sea asumida por el Gobierno de Aragón, incrementando en 17 millones la Deuda Pública que en estos momentos esta disparada en 6.079 millones de euros (superando ya en el primer trimestre de 2014 las previsiones para todo el año)

Este Consorcio ha sido gestionado por un Consejo formado por el Ggobierno de Aragón como presidente del consorcio, como vicepresidente el vocal de la MAZ –recordemos que es una entidad privada que se ha beneficiado con la externalización de servicios-, y los cuatro ayuntamientos de Jaca, Ejea de los Caballeros, Fraga y Tarazona.

Es llamativo que la externalización de los servicios de Traumatologia fueran realizados en la MAZ, servicios cuya valoración provisional -con los pocos datos que nos ofrecen- podrían llegar a ser cerca de 20 millones de euros desde el 2006 al 2014.

Queda muy claro que estas aventuras de privatizaciones en la sanidad, como vemos también en otras comunidades, son todas deficitarias y al final socializan las perdidas en la administración pública.

Si este tipo de deuda es asumida por el Gobierno de Aragón podría ser clasificada claramente como Deuda Ilegítima, de la cual deberían ser responsables los gestores del Consorcio.

No contentos con este fracaso, se están dando prisa para tomar posiciones, y quieren -antes de que los ciudadanos manden a casa al gobierno actual de la DGA-, dejarnos una deuda a 28 años con el Hospital de Alcañiz.

La ciudadanía no puede ni debe permitir que los servicios públicos sean entregados a quienes buscan enriquecerse a costa de lo que sea. La salud es un ejemplo: menos personal, menos recursos, peor servicio y peor atención para que la empresa ahorre gastos, mientras la ciudadanía termina pagando más por menos.
Enlace