viernes, 10 de julio de 2015

Los Inspectores sanitarios temen quedar sometidos a la censura de las mutuas en su gestión de la Incapacidad Temporal

La reforma, tal y como está planteada en dicho anteproyecto de ley, afectaría a los cimientos del SNS, con importantes repercusiones sobre los trabajadores - pacientes y sobre la propia estructura y funciones de la inspección de servicios sanitarios especialmente en Cataluña y Andalucía, donde existen unidades monográficas dedicadas al control de la incapacidad temporal (IT). El papel de los inspectores sanitarios que forman parte de ellas, al igual que el de los médicos de AP, quedaría sometido a la censura de los trabajadores de las mutuas, algo así como si los asesores fiscales "controlaran" a los inspectores de Hacienda.
En el resto de autonomías estos profesionales y los mismos gestores de los servicios regionales salud tenderían a desentenderse del control de las bajas, dedicando sus esfuerzos a otras funciones en las que sí se consideren protagonistas, como las meramente evaluadoras en el caso de la Inspección Sanitaria.
El Ministerio de Empleo no ha querido consultar en ningún momento a FAISS, que ha hecho difusión de sus análisis y opiniones técnicas a través de los sindicatos y de los medios de comunicación. Desde el primer momento se nos ha querido hacer ver que la reforma iba a suponer una simplificación burocrática de la emisión de partes de baja para los médicos de AP, cuando la verdadera intención era ceder la gestión de la IT a los empresarios.
Ninguna autoridad estatal o autonómica controla de forma sistematizada la actividad asistencial sanitaria que llevan a cabo estas entidades privadas con cargo a los fondos públicos, al contrario de lo que sí ocurre con cualquier centro de salud u hospital del SNS. La suscripción de convenios entre dichas entidades y los servicios regionales de salud. Esto último podría suponer la priorización de la asistencia de los trabajadores frente al resto con cargo a los fondos públicos, lo que rompe el principio de equidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)La reforma, tal y como está planteada en dicho anteproyecto de ley, afectaría a los cimientos del SNS, con importantes repercusiones sobre los trabajadores - pacientes y sobre la propia estructura y funciones de la inspección de servicios sanitarios especialmente en Cataluña y Andalucía, donde existen unidades monográficas dedicadas al control de la incapacidad temporal (IT). El papel de los inspectores sanitarios que forman parte de ellas, al igual que el de los médicos de AP, quedaría sometido a la censura de los trabajadores de las mutuas, algo así como si los asesores fiscales "controlaran" a los inspectores de Hacienda.
En el resto de autonomías estos profesionales y los mismos gestores de los servicios regionales salud tenderían a desentenderse del control de las bajas, dedicando sus esfuerzos a otras funciones en las que sí se consideren protagonistas, como las meramente evaluadoras en el caso de la Inspección Sanitaria.
El Ministerio de Empleo no ha querido consultar en ningún momento a FAISS, que ha hecho difusión de sus análisis y opiniones técnicas a través de los sindicatos y de los medios de comunicación. Desde el primer momento se nos ha querido hacer ver que la reforma iba a suponer una simplificación burocrática de la emisión de partes de baja para los médicos de AP, cuando la verdadera intención era ceder la gestión de la IT a los empresarios.
Ninguna autoridad estatal o autonómica controla de forma sistematizada la actividad asistencial sanitaria que llevan a cabo estas entidades privadas con cargo a los fondos públicos, al contrario de lo que sí ocurre con cualquier centro de salud u hospital del SNS. La suscripción de convenios entre dichas entidades y los servicios regionales de salud. Esto último podría suponer la priorización de la asistencia de los trabajadores frente al resto con cargo a los fondos públicos, lo que rompe el principio de equidad del Sistema Nacional de Salud