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lunes, 21 de marzo de 2016

Censuran la denuncia de la privatización de la sanidad

El pasado 12 de marzo se celebraban las I jornadas “Territorio Delicias”, organizadas por la Asamblea 15m Delicias y la Asamblea de jóvenes del barrio. Una de las actividades programadas para la mañana era la pintada de murales y grafitis en la Plaza de la Convivencia. La Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad participó en esta actividad pintando un mural de denuncia frente al edificio del SALUD.

Un total de seis murales adornaban la plaza al final del día. A las 48 horas, ya quedaban solo cinco. El mural censurado, que adaptaba una viñeta de El Roto para denunciar la voracidad sin límites de grandes empresas (representadas por Sanitas, MAZ, FCC y Grupo Quirón) en su negocio con la privatización de la sanidad pública, había sido encalado por completo.

Queda saber si la censura se ha debido a la “iniciativa propia” de FCC o si el mural ha sido borrado por “orden” de la Consejería de Salud. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que estamos ante otra muestra del problema que pretendíamos denunciar: la empresa se enriquece y la administración consiente. La empresa campa a sus anchas y la administración colabora. El problema es que las grandes empresas ganan, nosotros perdemos.


El problema es que, durante años, se ha venido perpetrando un trasvase ingente de dinero público a grandes corporaciones empresariales a través de la cesión de la gestión de hospitales y centros de salud público, la adjudicación de análisis de laboratorio o la derivación sistemática de pruebas diagnósticas y de pacientes. Eso pretendía denunciar el mural y eso es lo que ha sido censurado.

El año pasado, el 12% del gasto destinado a la sanidad pública española acabó en la caja de la sanidad privada. Ese mismo año, el gasto de la sanidad privada ascendió al 38,66% del gasto sanitario total, fruto de los recortes en los presupuestos de la sanidad pública, la concesión de conciertos y la provisión de servicios privados. Del mismo modo, mientras la sanidad privada aumenta los empleos precarios (60.000 “contratos” más en 2014), 20.000 trabajadores han sido expulsados de la sanidad pública en los últimos años. Por eso aumentan las listas de espera, empeora la calidad percibida de la atención, se reduce personal y los recursos y se expulsa a cada vez más personas del acceso a la salud.

Las corporaciones beneficiarias de este trasvase (en su mayoría empresas constructoras y entidades financieras) son las mismas que participaron del negocio del ladrillo y que, una vez reventada la burbuja inmobiliaria, han encontrado en los “servicios públicos” su nuevo nicho de negocio. En el caso de la salud, este negocio es aún mayor y las consecuencias son especialmente dramáticas.

Nuestra salud se pone en manos de especuladores como:

Grupo Quirón (regido por el fondo de capital riesgo Doughty Hanson y asesorado por el fondo de capital riesgo Briánico CVC tras su fusión con IDC Salud, se sitúa en 2014 como primer grupo hospitalario del país y el tercero de Europa tras una operación por 1.500 millones de euros con control de más de 40 centros y 6.200 camas); Grupo BUPA Sanitas SL (ofrece servicios y productos de salud en diversos ámbitos y en su consejo de administración están o han estado representadas grandes compañías como Banco de Santander, Telefónica, Mediaset, Telecinco, Peugeot-Citroën, Carrefour... el comienzo de la crisis no le ha reportado más que incrementos exponenciales en sus activos); mutuas como la MAZ (entidades de naturaleza privada que gestionan anualmente más de 12.000 millones de dinero púbico, cuyas juntas directivas se articulan en torno a potentes grupos empresariales y cuyos gerentes cobran entre 90.000 a 230.000 euros anuales, según datos de la Seguridad Social – en algún caso, sus beneficios anuales alcanzan los 300 millones de euros); o FCC, la empresa que se beneficia de las adjudicaciones millonarias de los hospitales de gestión privada madrileños que luego tuvieron que ser rescatados, además de verse involucrada en diversos casos de corrupción como la trama de la Operación Púnica (supuestos sobornos a políticos autonómicos y locales a cambio de adjudicaciones públicas), los papeles de Bárcenas, los negocios de Jordi Pujol Ferrusola y el “caso Innova”, centrado en la construcción del Hospital de Sant Joan de Reus y en el que fueron investigados los últimos responsables del Servicio Catalán de la Salud.

Por todo lo expuesto, desde la Plataforma Contra la Privatización de la Sanidad, denunciamos este ataque a la libertad de expresión, exigimos que el responsable de los hechos asuma su autoría y que, en contra de los que siempre sucede, sus actos no queden impunes.



Privatizar mata

¡Fuera las empresas de la sanidad!